En la Agenda 21 se establece una base sólida para la promoción del desarrollo sostenible en materia de progreso social, económico y ambiental. Entre sus principales recomendaciones se encuentra:

“El fortalecimiento del papel de grupos decisivos, tales como las mujeres, niños y jóvenes, los pueblos indígenas y sus comunidades, las ONGs, las autoridades locales y sus iniciativas de apoyo a la Agenda 21, los trabajadores y sus sindicatos, los empresarios e industriales, las comunidades científica y tecnológica, y los agricultores”.

Entender la relación entre género, ambiente y desarrollo es imprescindible dada la estrecha relación de las mujeres con el entorno. Éstas, debido al papel social que desempeñan, frecuentemente se preocupan por el aprovisionamiento material y energético, y tienen con frecuencia un conocimiento particular en la agricultura y en la medicina popular, que queda devaluado con la irrupción del mercado o, a veces, del Estado. Por otra parte, las mujeres poseen -en algunas culturas más que en otras- una parte más pequeña de la propiedad privada. Dependen más, por tanto, de los recursos de propiedad y de gestión comunitaria, y suelen defenderlos. Todas estas prácticas y conocimientos, deben ser reconocidos ya que resultan claves si se quiere impulsar una gestión del desarrollo viable, ambientalmente sensata y socialmente incluyente en todos los ámbitos.